La caza en España se rige por el marco competencial de la normativa cinegética, amparada por la Constitución española
y los diferentes estatutos de autonomía.
De esta forma, la normativa vigente gira en torno a la Ley de Caza, a su reglamento, al Código Civil y a la Estrategia
Nacional de Gestión Cinegética. La última actualización del Código de Caza es del 25 de noviembre de 2016. Y desde
entonces esta actualización está incluida en el Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado.
La ley común regula los siguientes apartados:
Reservas Nacionales de Caza, Espacios Naturales Protegidos, Señalización, Protección de la Fauna Salvaje, Daños
causados por las Piezas de Caza, Explotaciones Cinegéticas, Armas de Caza, Seguro Obligatorio, Trofeos de Caza,
Infracciones, Tasas y Disposiciones Orgánicas. Todos ellos puntos claves a tener en cuenta.
Desarrollo legal del sector cinegético
Los aspectos contenidos en las disposiciones generales son desarrollados de forma particular por las diferentes leyes de caza de las comunidades autónomas, quienes tienen asumidas las competencias en materia cinegética. Al tratarse de un sector sumamente regulado, se hace imprescindible que los cazadores conozcan las normas vigentes, de obligado cumplimiento para poder desarrollar la actividad dentro de la legalidad. Del mismo modo, para evitar sanciones por parte de la Administración resulta de vital importancia no preparar, manipular o vender, sin autorización, los recursos utilizados en la práctica de la caza o de la pesca.
En resumen, la práctica cinegética en España, con un sector económico que factura más de 3600 millones de euros al año y que cuenta con más de 50 000 puestos de trabajo, está vertebrada a través de una amplia normativa.
Esta regulación, además de velar por la sostenibilidad del medio natural, hace de este sector un escenario especializado y
profesionalizado, sancionando con dureza la caza furtiva y las prácticas que no van en consonancia con la legalidad vigente.
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